La propuesta de contar con jóvenes como informantes en Medellín no “delega a los privados la responsabilidad que le compete al Estado en materia de seguridad” (Luis Eduardo Garzón). Por el contrario, es sólo un componente de la estrategia que está implementando el Estado, al incrementar en 1.300 hombres el pie de fuerza policial, incorporar 137 investigadores y hasta poner helicópteros a patrullar.
Pero tanto el alcalde Salazar como el comandante de la Policía Metropolitana, el infatigable coronel Martínez, insisten en que lo que falta es justicia, y ella depende en buena medida de las denuncias. Dicen que la gente quiere denunciar pero no hay que ser un genio para entender que no hay confianza para hacerlo gracias al perverso garantismo judicial imperante: la Policía captura y los jueces liberan, luego vienen retaliaciones implacables, aun desde las cárceles.
El recrudecimiento de la violencia en Medellín se debe a una lucha por el control del mercado local de las drogas, en la que habría cinco poderosas organizaciones involucradas que se valen de unas 200 bandas con unos 4.000 integrantes, menores de edad en su mayoría. Quienes además subyugan a la población y se han diversificado a otros frentes, controlando negocios como la prostitución, las ventas ‘piratas’, las maquinitas tragamonedas, los préstamos ‘gota a gota’, la extorsión a los comercializadores de juegos de azar, a los buseros, a los tenderos, etc.
Por lo tanto, goza de lógica la estrategia de 1) atraer jóvenes voluntarios a las instituciones, arrebatándoselos a los criminales que los reclutan a diario; 2) motivarlos y recompensarlos con un estímulo monetario, al tiempo que se les incita a estudiar; y 3) conseguir así información y denuncias efectivas que permitan judicializar a los delincuentes, y evitar nuevos crímenes y que se perpetúe esta situación de violencia.
Puede aceptarse, en gracia de discusión, que la medida es difícil de implementar y que su efecto podría ser nulo, por obtenerse poca información pertinente. También es entendible que el pago genere suspicacias, pues, con tal de obtenerlo y mantenerse en el programa, hay quienes harían literalmente cualquier cosa; muchos jóvenes de esos sectores deprimidos matan por un bazuco. Por tanto, conseguir gente idónea podría ser poco menos que imposible.
Pero lo que no puede aceptarse es que una propuesta formulada de buena fe y sin malicia sea tergiversada de forma tan perversa, acusando al Gobierno de vincular ‘niños’ al conflicto cuando nunca se habló de tales, y llegando al extremo de conjeturar, temerariamente, que el escenario de las actividades de vigilancia y espionaje serían las universidades, y las víctimas los profesores y compañeros de clase. Además, es una grave falta de cordura aventurarse a comparar una política de recompensas -de uso común en todo el mundo- con sistemas totalitarios que ponen a la gente a denunciar a aquellos que no le caminan al régimen.
Una cosa es denunciar delitos -asesinatos, extorsiones, desplazamientos, desapariciones…-, que es para lo que se pide colaboración de la ciudadanía y que, valga decirlo, es algo legal, necesario, ideal y hasta obligatorio, y otra muy distinta señalar opositores o traidores. Para eso habría que tener una tiranía totalitaria, como en Cuba, la que paradójicamente les gusta tanto a los críticos nuestros.
No es el Estado el que pone en peligro a los jóvenes de Medellín y los tiene inmersos en el conflicto hasta el cuello, sino los violentos que los han instrumentalizado. Son ellos los que involucran niños (’carritos’), los que promueven delaciones protervas, los que compran los ’servicios’ de jóvenes humildes… Y hay que desterrar el cuento de que ser ’sapo’ es algo indigno: la ley del silencio encubre las mayores injusticias. No puede ser que a falta de propuestas serias, las fuerzas opositoras, en su impotencia, hagan campaña deformando con tal sordidez una idea.
Publicado en el periódico El Tiempo, el 2 de febrero de 2010
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