El magistrado Humberto Sierra Porto pide hundir el referendo por errores de forma que para el procurador Alejandro Ordoñez no son de gravedad. Tampoco para expertos juristas como Jesús Vallejo Mejía, quien considera que “no tendría sentido que por aspectos secundarios de orden procedimental o formal, se dejara de atender el clamor ciudadano que pide que Uribe pueda someter su nombre a otro debate electoral”. La esencia del asunto es que cuatro millones de personas firmaron voluntariamente por la reelección de Álvaro Uribe para el periodo 2010-2014, y ahora se les quiere impedir su participación, que es una de las mayores fortalezas que se le atribuyen a la Constitución de 1991, la cual garantiza la participación del ciudadano en muchos ámbitos.
No obstante, tal garantía no es más que letra muerta. La verdad es que los mecanismos más expeditos de participación, diferentes al voto, como son el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato (Artículo 103), no han tenido mayor alcance en los 18 años de vigencia de la Constitución.
Hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo ningún plebiscito; se realizó un referendo en el 2003, cuya mayor parte sucumbió ante el exigente umbral de votación requerido; se han efectuado consultas populares regionales y locales que no lograron cumplir el requisito de participación de la tercera parte del censo electoral; el cabildo abierto ha sido un mecanismo poco utilizado que no tiene carácter vinculante; las iniciativas legislativas suelen hundirse o archivarse; y de las revocatorias del mandato no ha prosperado ninguna de las 28 que se han tramitado en 15 años desde su reglamentación (Ley 134 de 1994).
La explicación es simple: aparte de que los requisitos para la ejecución de cualquiera de estos mecanismos son muy severos, el hecho es que las iniciativas populares son bloqueadas en distintos niveles del Estado. Por eso todos los trámites para aprobar el referendo por la reelección fueron demorados y obstaculizados al máximo. Es decir, aquí prima la voluntad de los sectores políticos y no la del constituyente primario, lo que coarta el derecho de participar en la vida democrática del país, violando el Artículo 40 de una Constitución que, paradójicamente, tuvo origen ilegítimo en una iniciativa –la llamada ‘séptima papeleta’–, que no tuvo gran acogida —menos de dos millones de votos en un censo electoral de 14, o sea que no habría superado el umbral que se exige para el referendo—, y que se fraguó para darles gusto a unos pocos, entre ellos a los grupos armados que pedían una Asamblea Constitucional para promover algunas reformas políticas.
En ese entonces, primaron en el seno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, unos conceptos que –no nos cansaremos de repetirlo– deberían ser igualmente válidos hoy: 1) que la “séptima papeleta suscitó un verdadero plebiscito que no requiere prueba, pues se trató de un acto masivo y público”; 2) que el país reclamaba “el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del orden jurídico”; 3) que el constituyente primario tiene toda la competencia para ejecutar cambios y 4) que “el no acceder a este clamor del pueblo será, sin ninguna duda, un factor de mayor desestabilización del orden público” (El Tiempo, 03/10/1990).
Es por esto que la Corte Constitucional seguramente negará el referendo mediante una salida ‘elegante’ que deje contento a todo el mundo y no genere frustración en las mayorías. Una de ellas podría ser la de permitir un referendo que apruebe la reelección pero para el 2014, siguiendo el argumento de los puristas que creen que la pregunta por la que cuatro millones de personas estamparon su firma, fue mal formulada. Otra salida ‘elegante’ podría ser la de devolver el texto al Congreso para enderezar vicios de procedimiento ‘subsanables’, trámite que se tomaría un periodo legislativo dando al traste con los tiempos.
Finalmente, el desconocimiento de la voluntad popular se verá mayormente justificado cuando se publiquen nuevas encuestas que reflejen la molestia generalizada por los decretos que reforman la prestación de la salud, un tema que hasta en Estados Unidos se convirtió en una piedra en los zapatos del mismísimo Obama. Si antes nos decían que no se gobierna con encuestas, o que estas estaban viciadas, ahora nos dirán que ellas prueban que el ‘Estado de Opinión’ no quiere un tercer periodo de Uribe, quien hoy no superaría el umbral pero tendría más votos que el próximo presidente, vaya paradoja. Y más poder.
Publicado en el periódico El Mundo, el 15 de febrero de 2010
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