Se ha armado un alboroto inusitado por la liberación de militares vinculados a falsos positivos debida al vencimiento de los términos del proceso, lo cual, sin embargo, no quiere decir que hayan sido absueltos. Pero, más lamentable que el hecho mismo es el escándalo desatado -teñido de ideología-, pues esto sucede a diario sin que las plañideras de turno se rasguen las vestiduras: también se liberaron siete guerrilleros capturados en el campamento del ‘Negro Antonio’ y poco se dijo, un lamento solitario del general Padilla de León y pare de contar.
En Colombia ha campeado la impunidad desde siempre, en gran medida por culpa de esas mismas plañideras que han pretendido que la justicia se imparta con sesgo: los militares a la cárcel y los guerrilleros al poder. Pero la justicia para los ciudadanos de a pie no ha sido distinta. No es gratuito que la gente considere que hay mayor celo por el bienestar de los criminales que por el de las víctimas, pues la política criminal en Colombia es un arsenal de impudicias y aberraciones en el que predomina un garantismo judicial inicuo y retorcido.
Por eso, es un embuste argüir que la libertad de los militares es un asunto promovido tras bambalinas por el estamento castrense y sectores de derecha que lo ven como un punto de honor, o que es producto de las fallas del sistema oral. No, ni lo uno ni lo otro.
Basta acudir a la memoria para demostrar que esto es un problema estructural de la administración de justicia que contribuye a empeorar el panorama de violencia y no a resolverlo, pues, cuando menos, llama a muchos a tomar justicia por mano propia.
Un caso arquetípico es el de Humberto Muñoz Castro, condenado a 43 años de prisión por asesinar a Andrés Escobar en julio de 1994. En teoría, estaría en la cárcel hasta el año 2037, pero resulta que el Congreso de la República reformó en el año 2000 los códigos Penal y de Procedimiento Penal, atenuando las penas con el argumento de que los largos castigos no eran cumplidos por los penados y que era mejor tener penas cortas pero efectivas. Como a los reos se les aplica con retroactividad cualquier norma que los favorezca pero no las que les sean perjudiciales, un juez recalculó su condena en 26 años; así que, en teoría, debería estar en la cárcel hasta el año 2020.
Pero abundan las gabelas. A los presos les descuentan una tercera parte de la pena por el embeleco de un supuesto trabajo -que puede ser el de barrer un corredor-, o por fingir que se estudia cuando no se sabe ni leer. Como si fuera poco, se le concede libertad a cualquiera tras cumplir las tres quintas partes de la pena, para lo cual un juez certifica la buena conducta hasta del demonio, eso no se le niega a nadie. Ah, y a todo eso se suma una rebaja más por visita papal (la última fue en el lejano 1986), por lo que es de desear que jamás un Papa vuelva a pisar tierra colombiana. En consecuencia, Muñoz Castro sólo pagó once años de prisión y, para colmo, cuando llegó su boleta de libertad, estaba en la calle disfrutando de un permiso extramuros. Le quedamos debiendo tiempo según el juez.
Es decir, nuestra justicia es garantía de impunidad cuando absuelve, cuando condena y cuando se hace la de la vista gorda. Y los delincuentes aprovechan todos los beneficios: la debilidad carcelaria, la inimputabilidad de los menores, la casa por cárcel, las fallas de los investigadores, la laxitud de los códigos, los incisos de la ley…
El futbolista Javier Flórez negoció con dinero su crimen y ya está listo para volver a las canchas, y en el caso del uxoricida Samuel Viñas un fiscal casi nos engatusa con el cuento de que si el criminal se entrega no hay flagrancia y se le puede adorar en los altares. Los desatinos cotidianos son innumerables.
Aprovechemos este arrebato de preocupación repentina para subsanar este problema estructural de la justicia y acabar con la impunidad, venga de donde venga.
Publicado en el periódico El Tiempo, el 19 de enero de 2010
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