Piedad Córdoba aprovechó su tour por Europa para echarle leña al tema de los falsos positivos, sugiriendo que son cosa nueva, atribuible a la política de Seguridad Democrática: “Naciones Unidas nos acaba de informar que viene documentando todos estos casos a partir del 2003, es algo muy sorprendente dado que apenas el año pasado se conocieron estos casos” (EL TIEMPO, 13/04/2010).

Falso. Hasta León Valencia reconoce que, “según la Fiscalía General de la Nación, desde 1985 hasta mayo del 2009, las víctimas por ‘falsos positivos’ sumaban 1.708″ (EL TIEMPO, 19/01/2010). Y un informe del Cinep (de octubre de 2009) establece que al periodo 2001-2009 corresponden 940 víctimas.

Los ‘falsos positivos’ son un crimen viejo, por lo que es una falacia asegurar que estos homicidios devienen de la directiva ministerial 029 de 2005, a la que se atribuye un esquema de premios en efectivo para los militares, cuando, en realidad, no contempla compensaciones para estos ni recompensas a civiles por la muerte de guerrilleros rasos, que es lo que vendrían siendo las víctimas de estos crímenes. Sólo establece recompensas, a civiles, cuando se trata de cabecillas.

Pero el mayor embuste, y el más pernicioso, fue el que avaló Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, quien dijo que estas transgresiones han sido “más o menos sistemáticas” y que, en cuanto a los autores, no se trata “de unas cuantas manzanas podridas”. Apreciaciones livianas que no se ajustan a la verdad.

Del 7 de agosto del 2002 al 31 de enero del 2010, las fuerzas constitucionales del Estado han abatido a 15.126 individuos, entre guerrilleros, paramilitares y miembros de bandas criminales. No se incluyen cifras sobre narcotraficantes ni otros tipos de delincuentes. Así, los 940 ‘falsos positivos’ equivalen a alrededor del 6 por ciento del total de abatidos. Claro, debería ser cero, pero es un porcentaje muy bajo para hablar de transgresiones “sistemáticas” y de que todo el barril de manzanas está podrido.

Hay un dato más interesante aún. En el mismo periodo, las fuerzas del Estado han capturado a 53.601 personas entre subversivos, paramilitares y miembros de bandas criminales, cuyas vidas se respetaron. De nuevo, esos 940 ‘falsos positivos’ sólo equivaldrían al 1,7 por ciento de los capturados, a muchos de los cuales se les prestó auxilio al resultar heridos en combate.

Adicionalmente, en este Gobierno se han desmovilizado 52.488 guerrilleros y paramilitares. Muchos de ellos se han entregado a Fiscalía, Defensoría, personerías, Iglesia, DAS, ICBF, etc. Pero la gran mayoría lo hicieron ante unidades militares y de Policía que respetaron su integridad. Para evitar una doble contabilidad, soslayemos este dato. Pero si sumamos los capturados y abatidos, 68.727, tenemos que los 940 ‘falsos positivos’ equivalen al 1,3 por ciento de los casos; una cifra estadísticamente despreciable que demuestra que esto no es sistemático, ni refleja el comportamiento habitual de las tropas.

De igual forma, si relacionamos el número de militares asociados a estos casos, 198 condenados y 708 en etapa de juicio, con el pie de fuerza de 285.000 efectivos, encontramos que los vinculados a esos crímenes son el 0,3 por ciento de las manzanas. Esto no es una cifra ‘significativa’, como dice Alston. El barril no está podrido. Otro dato: según Medicina Legal, en el periodo 2001-2009 hubo 174.866 homicidios [ver gráfico]; los 940 ‘falsos positivos’ representan, pues, el 0,54 por ciento.

No hay espacio para analizar otras variables y, hablando de vidas humanas, es preciso reconocer que estas estadísticas son, cuando menos, políticamente incorrectas. Pero son cifras que desnudan una argucia que ha paralizado a las FF. AA., y se ha convertido en un arma contra el Presidente, la Seguridad Democrática y el candidato Santos, a pesar de que fue él mismo quien denunció esta situación. Una infamia más.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 27 de abril de 2010

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Se ha armado un alboroto inusitado por la liberación de militares vinculados a falsos positivos debida al vencimiento de los términos del proceso, lo cual, sin embargo, no quiere decir que hayan sido absueltos. Pero, más lamentable que el hecho mismo es el escándalo desatado -teñido de ideología-, pues esto sucede a diario sin que las plañideras de turno se rasguen las vestiduras: también se liberaron siete guerrilleros capturados en el campamento del ‘Negro Antonio’ y poco se dijo, un lamento solitario del general Padilla de León y pare de contar.

En Colombia ha campeado la impunidad desde siempre, en gran medida por culpa de esas mismas plañideras que han pretendido que la justicia se imparta con sesgo: los militares a la cárcel y los guerrilleros al poder. Pero la justicia para los ciudadanos de a pie no ha sido distinta. No es gratuito que la gente considere que hay mayor celo por el bienestar de los criminales que por el de las víctimas, pues la política criminal en Colombia es un arsenal de impudicias y aberraciones en el que predomina un garantismo judicial inicuo y retorcido.

Por eso, es un embuste argüir que la libertad de los militares es un asunto promovido tras bambalinas por el estamento castrense y sectores de derecha que lo ven como un punto de honor, o que es producto de las fallas del sistema oral. No, ni lo uno ni lo otro.

Basta acudir a la memoria para demostrar que esto es un problema estructural de la administración de justicia que contribuye a empeorar el panorama de violencia y no a resolverlo, pues, cuando menos, llama a muchos a tomar justicia por mano propia.

Un caso arquetípico es el de Humberto Muñoz Castro, condenado a 43 años de prisión por asesinar a Andrés Escobar en julio de 1994. En teoría, estaría en la cárcel hasta el año 2037, pero resulta que el Congreso de la República reformó en el año 2000 los códigos Penal y de Procedimiento Penal, atenuando las penas con el argumento de que los largos castigos no eran cumplidos por los penados y que era mejor tener penas cortas pero efectivas. Como a los reos se les aplica con retroactividad cualquier norma que los favorezca pero no las que les sean perjudiciales, un juez recalculó su condena en 26 años; así que, en teoría, debería estar en la cárcel hasta el año 2020.

Pero abundan las gabelas. A los presos les descuentan una tercera parte de la pena por el embeleco de un supuesto trabajo -que puede ser el de barrer un corredor-, o por fingir que se estudia cuando no se sabe ni leer. Como si fuera poco, se le concede libertad a cualquiera tras cumplir las tres quintas partes de la pena, para lo cual un juez certifica la buena conducta hasta del demonio, eso no se le niega a nadie. Ah, y a todo eso se suma una rebaja más por visita papal (la última fue en el lejano 1986), por lo que es de desear que jamás un Papa vuelva a pisar tierra colombiana. En consecuencia, Muñoz Castro sólo pagó once años de prisión y, para colmo, cuando llegó su boleta de libertad, estaba en la calle disfrutando de un permiso extramuros. Le quedamos debiendo tiempo según el juez.

Es decir, nuestra justicia es garantía de impunidad cuando absuelve, cuando condena y cuando se hace la de la vista gorda. Y los delincuentes aprovechan todos los beneficios: la debilidad carcelaria, la inimputabilidad de los menores, la casa por cárcel, las fallas de los investigadores, la laxitud de los códigos, los incisos de la ley…

El futbolista Javier Flórez negoció con dinero su crimen y ya está listo para volver a las canchas, y en el caso del uxoricida Samuel Viñas un fiscal casi nos engatusa con el cuento de que si el criminal se entrega no hay flagrancia y se le puede adorar en los altares. Los desatinos cotidianos son innumerables.

Aprovechemos este arrebato de preocupación repentina para subsanar este problema estructural de la justicia y acabar con la impunidad, venga de donde venga.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 19 de enero de 2010

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Debe andar muy acongojado por estos días el periodista español Miguel Ángel Bastenier, pues mientras Álvaro Uribe —a quien considera un dictador— mantiene un 75% de aceptación de su mandato y un 63% de los colombianos desea reelegirlo, a su muy admirado presidente Zapatero le piden en coro la renuncia en todas sus apariciones públicas.

Dice Bastenier en artículo reciente (El País, 12-10-2009), que los desaguisados del Gobierno de Uribe harían sonrojar a un dictador, pero él mismo ha sido un juicioso defensor de quien lo es verdaderamente como Hugo Chávez. Y sorprende que siendo un ciudadano nacionalizado en Colombia desde 2002 —por consideración especial del “dictador” Uribe—, esté tan mal informado a pesar de ser un visitante asiduo del país y tener tan dilectos amigos como el Vicepresidente ‘Pachito’ Santos.

En el maquiavélico escrito —que sin duda concibió con sombrías intenciones—, Bastenier intenta proyectar una imagen distorsionada, como espejo de feria, de lo que él califica como el “museo de los horrores”, una colección siniestra de verdades a medias y de mentiras completas que harían sonrojar al analista más perverso. Veamos algunos tópicos.

El español hace referencia al “más de medio centenar de diputados uribistas procesados o en la cárcel, la mayoría por conexiones con los paramilitares”, pero no aclara que los supuestos delitos tuvieron lugar antes de 2002, durante otras administraciones, época en la que el ‘uribismo’ ni siquiera existía y cuando la mayoría de esos políticos militaban en el Partido Liberal, hoy en la oposición.

Bastenier también se refiere al “espionaje telefónico del DAS”, pero omite explicar la razón por la que se iniciaron ciertas investigaciones (relaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con narcotraficantes como Giorgio Sale) y el hecho de que el problema de las ‘chuzadas’ no es sólo nuestro ni hay certeza de que sólo sea el Estado quien las practique. O si no, ¿quién chuzó el correo electrónico de Tomás Uribe y le entregó copias al periodista Coronell para escribir una de sus columnas en Semana (12-09-2009)? ¿Hay chuzadas admisibles (a miembros del Gobierno) y chuzadas inadmisibles (a la oposición)? ¿Está bien que Hugo Chávez escuche las conversaciones que el embajador de Colombia en Caracas sostiene con Bogotá?

Debería saber Bastenier que este tipo de denuncias están a la orden del día en EE.UU., Argentina, Portugal (en plena campaña) y España, donde el Partido Popular acusa al Gobierno de escuchar sus comunicaciones.

También habla Bastenier de “compra de votos a la vista del público para cambiar la Constitución”, pero no aclara que esa es una denuncia de la oposición basada en la manera histórica de hacer política en Colombia (y en todo el mundo): yo lo apoyo, usted me apoya. Por eso, para justipreciar las denuncias por “adjudicación de notarías a cambio de apoyo parlamentario”, habría que precisar, por ejemplo, que los tres mandatarios que antecedieron a Uribe se inventaron más de 100 notarías cada uno y este aún no lleva 40 en dos periodos de gobierno. Notable diferencia.

Bastenier incurre en una falsedad cuando dice que “el Ejecutivo estudia la reforma del censo para que la cifra de siete millones y pico de votantes, mínimo exigible para que valga la consulta y que son la cuarta parte del electorado, quede en poco más de cuatro millones, con lo que a Uribe le bastarían dos para ser candidato”. Ni el Gobierno está en ese trámite ni las cuentas son como las presenta.

También se refiere, de manera infame, a “los dos mil y pico (de) falsos positivos —eufemismo por asesinato— de otros tantos campesinos perpetrados por el Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros”. El Cinep (entidad de izquierda lejana al Gobierno) acaba de establecer que entre 2001 y 2009 hubo 940 víctimas de falsos positivos, y reconoce que gracias a las medidas tomadas por el Gobierno para controlar estos abusos este año sólo se han presentado dos casos con cuatro víctimas [ver gráfico]. Por cierto, no sobra decir que los crímenes que se cometen en un país no son automáticamente atribuibles a sus autoridades.

Concluye este protervo personaje con el cuento de que la opinión pública en Colombia “se reduce a poco más de un tercio de 44 o 45 millones de habitantes, que son los que votan, los que tienen voz, y a los que el presidente tiene convencidos, seducidos, o simplemente, favorecidos por su mandato”. Debería saber que en Colombia no hay voto obligatorio, y que de las 29 millones de personas aptas para votar suele hacerlo un poco más de la mitad. Lo que sí es cierto es que, de esta mitad, la mayoría está convencida de recibir favores de Uribe: el favor de vivir en un país mejor. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 19 de octubre de 2009

Fuentes documentales:

• Informe Cinep – Falsos Positivos 2009

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Hay tres sofismas acerca de los mal llamados ‘falsos positivos’, esos crímenes cometidos por miembros del Ejército para hacerlos pasar como bajas en combate y obtener permisos, felicitaciones y hasta dinero, en connivencia con civiles que cobran recompensas por suministrar información que ayude a combatir los grupos al margen de la ley. El primero es que este tipo de crímenes es nuevo, producto de los afanes de la Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe; el segundo es que se han cometido tantos crímenes de estos que se desbordó el costo de las indemnizaciones previstas en la Ley de Víctimas y, el tercero, es que constituyen crímenes de Estado.

Primero. Ejecuciones extrajudiciales ha habido siempre y en todas partes. A veces, el crimen es producto de un error ‘inocente’ y la ‘solución’ es hacer pasar al occiso como un transgresor de la ley; poner en su mano inerte un arma de fuego es una práctica inveterada en todo el mundo. En otras ocasiones, sin duda, se trata de crímenes aleves cometidos con diversos propósitos como acallar testigos, desviar investigaciones, ofrecer un chivo expiatorio, demostrar eficiencia o hacer ver la seguridad como algo necesario. Todo eso es tan viejo como la guerra y esta es tan vieja como el hombre.

En Colombia ha habido casos paradigmáticos, como la mal llamada ‘limpieza social’, práctica a la que han estado vinculados agentes del Estado. En la Medellín de Pablo Escobar, agentes encubiertos ejecutaban masacres de jóvenes en las comunas más pobres, en retaliación por los asesinatos de policías que ordenaba Escobar y ejecutaban sus sicarios. Recuérdese la masacre de Villatina (9 muertos) en 1992. Por eso no le queda bien al ex presidente César Gaviria criticar los asesinatos de hoy cuando siempre ha ignorado los cometidos bajo su administración.

Segundo. Hay personas malévolas o muy mal informadas que se han ido lanza en ristre contra el Gobierno por haber impedido la aprobación de la Ley de Víctimas, arguyendo que si es costosa ello se debe a la gran cantidad de víctimas fruto de las políticas guerreristas del actual gobierno. Nada más falso. La Ley de Víctimas tiene por objeto indemnizar a familiares de personas asesinadas y/o desaparecidas en los últimos 45 años, cuyo número se estima en más de 200.000. Por el contrario, el periodo más pacífico que ha vivido el país desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, han sido los siete años del Gobierno de Uribe, cuyo alto respaldo popular se basa en logros como este.

Tercero. El ‘crimen de Estado’ es un artificio aplicable a cualquier hecho, como el incendio de una guardería en Hermosillo (México) que dejó cerca de 50 niños muertos. Los ‘falsos positivos’ son crímenes de lesa humanidad pero no son crímenes de Estado porque no fueron ordenados por estamentos superiores ni corresponden a un plan establecido para exterminar a una raza, a un partido político o a los miembros de una religión. De hecho, no hubo selectividad en los asesinados puesto que no tienen en común algo más que la pobreza que los hace carne de cañón para los violentos. Su escogencia fue tan fortuita como desventurada.

A diferencia de los Estados criminales –como los de Hitler y Stalin–, aquí no se justifican estos excesos con argumentos moralistas y ni siquiera con la tesis de que son consecuencias inevitables del conflicto. Fue el Estado, en cabeza del Ministro de Defensa, el que develó lo que estaba pasando y se reconoce claramente que se trató de crímenes verdaderamente deshonrosos.

El señor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, ha dicho que estas transgresiones han sido “más o menos sistemáticas” y que no se trata “de unas cuantas manzanas podridas”. Pero es que el señor Alston no ha probado las amargas manzanas colombianas. Las guerrillas, los grupos paramilitares y los poderosos ejércitos de los carteles de las drogas, han sido conformados con muchachos sin ideología alguna y carentes de escrúpulos éticos o morales que, por unas monedas, se unen a cualquier bando y cometen los más horrorosos crímenes. De esos mismos muchachos se nutren los organismos de seguridad del Estado y si los ilegales se atreven a tanto no es inverosímil que muchas balas oficiales se disparen de manera infame, arbitraria y perversa.

Publicado en el periódico El Mundo, el 29 de junio de 2009 (www.elmundo.com).

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Los militares y policías colombianos le ponen el pecho a las balas de los grupos ilegales para que los demás habitantes de este país podamos llevar una vida normal y tener la perspectiva real de un futuro en paz. Ellos son carne de cañón en un país donde los hijos de los ricos no pagan servicio militar ‘obligatorio’ sino que compran la licencia por debajo de la mesa. Por eso merecen comprensión.

No es justo que se condenen sin ponderación los crímenes cometidos por errores de apreciación en el fragor del combate o en medio de patrullajes en zonas de alto riesgo, donde hay una fuerte presencia de guerrillas, narcotraficantes o paramilitares. De la misma forma, pueden ser medianamente comprensibles los asesinatos de sospechosos de pertenecer a grupos irregulares contra quienes no hay pruebas para su arresto. Eso es guerra sucia, sin duda, y constituye una falla en el servicio, una violación de los derechos humanos y un crimen que debe ser castigado por la ley. Pero es entendible que ello ocurra en la medida en que las vidas de los mismos servidores públicos corren un alto riesgo y su condición humana los obliga a preservarla mediante acciones inicuas.

Lamentablemente, estas actuaciones irregulares son como una bola de nieve: no sólo se van haciendo más frecuentes sino cada vez más perversas. Es así como de infamias viejas surgen vergüenzas nuevas. Hace décadas se conoce la mal llamada ‘limpieza social’, una ignominia cometida no sólo por las autoridades sino por todos los grupos ilegales para ganarse el favor de las comunidades eliminando la escoria social: drogadictos, violadores, ladrones, travestis y demás. También es antigua la práctica de ‘legalizar’ crímenes de los paramilitares, sin importar si se trataba de guerrilleros o no, haciéndolos pasar como bajas de combate con las Fuerzas Militares.

Pues bien, de la fusión de tan nefastas prácticas y aprovechando que los marginados no tienen mejores opciones de trabajo que unirse a bandas criminales por la promesa de un salario –lo que también tiene graves connotaciones morales–, a algunas manzanas podridas, de entre más de 250 mil efectivos, se les ocurrió mancillar el honor del Ejército asesinando inocentes para demostrar una supuesta efectividad operativa y, muy seguramente, para embolsillarse alguna parte del dinero de las recompensas que el Estado colombiano les paga a civiles por su información. Pero, además, aquellos que ultrajaron con esas vilezas a la institución más apreciada por los colombianos y a la sociedad misma, se valieron impúdicamente del propósito de incentivar con días de descanso, condecoraciones y ascensos a quienes presentaran mejores resultados. Pareciendo imposible, entonces, que alguien matara por un fin de semana de descanso, esa efectividad se evaluaba teniendo en cuenta el número de bajas enemigas, lo que llevó a unos pocos a poner en movimiento una infame maquinaria asesina que desprestigia al Ejército, deshonra la memoria de los caídos y le sirve a algunos para pedir el desmonte de la doctrina de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe.

Pero pongamos las cosas en perspectiva: no hay ejército en el mundo que pueda asegurar que todas sus actuaciones se ciñen a la moral, a los derechos humanos, al sentido común, al uso proporcionado de la fuerza, etc. Las principales potencias tienen un largo y reiterativo historial: Abu Ghraib, Guantánamo, Beslán, Dubrovka, Osetia y Georgia, el Tíbet…

En Colombia, el primero en reconocer estas irregularidades, ofrecer correctivos ejemplarizantes y clamar por la aplicación de pronta y suficiente justicia ha sido el Gobierno, pues hechos como estos deben convertirse en una oportunidad para perfeccionar y fortalecer la política de seguridad que ha salvado la democracia colombiana, no para desmontarla.

El contrato social por el que se funda cualquier Estado tiene como propósito fundamental el de salvaguardar la vida, honra y bienes de los asociados. Y, para ello, el Estado debe contar con instituciones enérgicas, dinámicas; unas que legislen, otras que apliquen justicia y otras que ejerzan la autoridad. Es por los notables altibajos que desde el siglo 19 ha tenido el Estado colombiano en cuanto a preservar el imperio de la ley, que el país llegó a ser casi un Estado fallido y por lo que aún se sienten fuertes coletazos criminales de lo que algunos califican como una ‘cultura mafiosa’. Volver a lo de antes sería fatal.

Publicado en el periódico El Mundo, el 10 de noviembre de 2008 (www.elmundo.com).

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Se comienza a destapar un nuevo escándalo que involucra a las FF.MM. al conocerse que al menos nueve de más de veinte jóvenes que desaparecieron de Soacha –al sur de Bogotá–, habían sido inhumados en Ocaña (Norte de Santander) en calidad de delincuentes al servicio de bandas disidentes de los grupos paramilitares, que fueron dados de baja en combate por el Ejército. Y si bien es sabido que guerrilleros y paramilitares reclutan carne de cañón en sectores marginados, lo que no cuadra en este caso son las fechas entre el momento de la desaparición y su muerte en combate pues en varios casos apenas hay días de diferencia, lo que hace pensar en un montaje para mostrar resultados.

A lo anterior se suma la acusación contra varios agentes de Policía de haber provocado la muerte de un aficionado de un equipo de futbol en Bogotá, otro caso –grabado en video– en el que un policía embiste a un aficionado con su moto de forma artera y aleve, y la condena contra un agente del Esmad por el homicidio de un estudiante de la Universidad del Valle, ocurrido en septiembre de 2006. Sin duda, la frecuencia de casos como estos es muy preocupante.

A militares y policías les toca hacer el trabajo más duro en un país plagado de delincuentes: combatirlos y estar en sus miras. Y cuando desfiguran su misión convirtiéndola en ‘trabajo sucio’, son censurados por el Estado, aborrecidos por la Sociedad y perseguidos por sus malquerientes, idiotas útiles de sus enemigos naturales, que son los enemigos de todos.

De manera que estos servidores públicos, ante tan delicada tarea y para no exceder sus atribuciones, deberían tener una formación equivalente a un doctorado o un Ph.D., devengar un salario digno de un Senador de la República y estar rodeados de más medidas de seguridad que un piloto de Fórmula 1. Pero no, ocurre todo lo contrario. Un individuo sin cursar estudios primarios puede tener un fusil oficial entre sus manos, sus salarios son algo mejores que los de un celador o un obrero y todo el día están ‘marcando calavera’; o sea, con un pie en la tumba, o sobre una mina quiebrapatas, como mínimo.

Y a estos funcionarios los maltratan sus superiores y la ciudadanía, y entre todos les exigimos resultados. Los tratamos como esclavos que deben lidiar con la escoria social, desde manejar borrachos y controlar vecinos ruidosos hasta enfrentar sicarios, terroristas, narcos…

Policías y soldados muertos o lisiados son cosa sin importancia, frías estadísticas, gajes del oficio. Eso no le importa a nadie. Pero, ¡ay de aquel que provoque una tragedia! No importará la buena fe ni se apreciarán las causas. Más le valdría engrosar las frías estadísticas.

Es así que los culpables de la toma del Palacio de Justicia no son ya los conspicuos líderes del M-19, hoy devenidos en prestantes funcionarios públicos, sino los militares que se vieron obligados a repeler la toma. Igualmente, los culpables de la violencia de los noventa en Urabá no son quienes la sometieron a sangre y fuego sino aquellos militares a quienes se les exigieron resultados. Y, en uno y otro caso, los errores no se sopesan frente a la gravedad de la obligación que tenían entre manos; olvidándose, además, que los hombres de armas no pueden objetar sus deberes porque, para acabar de ajustar, son acusados de cobardía.

Ahora, muchos quieren utilizar los errores de policías y militares en materia de Derechos Humanos para arrinconar al Estado y despojarlo de autoridad moral para cumplir su misión de proteger vida, honra, bienes y hasta creencias de los ciudadanos. Es decir, esto se usa como un argumento para hacer inviable el actual sistema de gobierno y hasta el modelo económico de nuestra sociedad, estrategia que no se puede dejar prosperar.

Es claro que los excesos no son norma ni del Ejército ni de la Policía –ni se trata de una política de Estado, ciertamente–, pero si queremos que esto no siga siendo pan de cada día por cuenta de la actuación de unos pocos –de buena o de mala fe–, es necesaria una profesionalización integral de las Fuerzas Militares y de Policía, de manera que cada uno de sus miembros se haga más competente y responsable de su misión al tiempo que se vean revestidos de mayores garantías para tener la certeza de que no son desechables a los que la sociedad les voltea la cara al menor yerro. Sin eso, jamás habrá seguridad ni paz efectivas. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 29 de octubre de 2008 (http://www.elmundo.com/).

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Jorge Leyva Valenzuela – El Espectador

Son muchas las hipótesis que se pueden plantear sobre la autoría del bombazo en el Cantón Norte. Sin embargo, así no hayan sido las Farc, fueron las Farc. Mejor dicho, con los informes de inteligencia que le pasaron al Presidente, pues no hay duda. Sin embargo, cuando no se es Gobierno, y especialmente cuando se es analista, hay que hacer una lectura integral de la política. Y en este caso, esa lectura puede arrojar otras hipótesis.

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