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¿Qué está pasando en Medellín?

Saúl Hernández — Tue, 31 Aug 2010 21:25:08 +0000

Pongamos las cosas en perspectiva. En los 80, Medellín y su área metropolitana se fueron adentrando en un mar de violencia -de sangre, de hecho- que comenzó con ajusticiamientos entre narcotraficantes. Se mataban entre ellos y no solían meterse con la gente común. Pero eso fue cambiando. El mafioso se convirtió en un azote social. Bastaba rayarle el carro o mirarle el escote a la moza para ganarse un balazo. El sicariato se generalizó. Cualquiera pagaba para matar a otro por cualquier cosa: por un lío de faldas, por una deuda, por una materia perdida.

Y como nadie hizo nada para detener esa dinámica de violencia, Medellín alcanzó, en 1991, el tope de 6.658 homicidios, sin contar los demás municipios del valle de Aburrá. El año pasado hubo 2.186, cifra sensiblemente inferior a la del 91 si consideramos que hoy tenemos un millón de habitantes más que hace 20 años (cifras de Medicina Legal, cuyos datos científicos ofrecen una estadística más confiable que la de la Policía Nacional).

Eso, sin embargo, no le resta gravedad a la actual situación, que se asemeja a la de los 80 en el hecho de tratarse, por ahora, de una confrontación entre bandidos que se matan entre sí. Pero ello no puede ocultar que esta barbarie ha afectado gravemente a las comunidades donde se escenifica y que hay un peligro real de que esto se expanda a toda la ciudad y al resto del país, encarnado en pandillas de gánsteres organizados para controlar el negocio de las drogas y extorsionar los negocios legales, lo que truncaría el propósito inaplazable de llevar la seguridad democrática a su siguiente nivel, que es la seguridad ciudadana.

¿Qué hacer para evitar esto? Tiene razón el alcalde Salazar al pedir la intervención del Gobierno Nacional y solicitar reformas de los códigos Penal y de Procedimiento Penal, que se convirtieron hace rato en el mayor obstáculo para aplicar pronta justicia, combatir la impunidad y sentar bases para la convivencia.

No es suficiente una reforma cosmética que se quede en temas como la transformación del Consejo de la Judicatura o el fortalecimiento de la gerencia de la Rama Judicial. Todo eso es importante pero lo que la gente pide a gritos es aumentar las penas, reducir los beneficios, frenar el garantismo desmedido y crear jurisdicciones especiales para casos especiales. Quitarle a la justicia esa venda que no la deja ver, que debe ser símbolo de imparcialidad y no de impunidad e inoperancia, como aquí.

A diario, los organismos de seguridad del Estado capturan a peligrosos delincuentes que los jueces liberan con un afán que indigna. La interpretación del concepto de ‘flagrancia’ se aplica -pisoteando el espíritu de la ley en aras de preservar nuestra tradición de gramáticos- tomando al pie de la letra una acepción del diccionario de la RAE que excluye específicamente la fuga: (‘en flagrante’) “En el mismo momento de estarse cometiendo un delito, sin que el autor haya podido huir”. O sea, si el asesino da un paso de huida, ya no hay flagrancia y toca pedirle el favor de que pare a tomarse una gaseosa mientras un juez le expide la orden de captura. De lo contrario, como la semana pasada, vale huevo que el criminal haya asesinado a un policía con un AK-47. Si huía, no había flagrancia, y si el policía murió en la clínica -y esto sí es el colmo-, no hay certeza para el juez de garantías de que su deceso sea producto del balazo recibido y no de una gripa. ¿Quiénes son los legisladores responsables de estos disparates?

Claro que los jueces también podrían poner de su parte, como en el caso del homicidio del juez Diego Fernando Escobar, en el que hubo inusitada diligencia para capturar, investigar, registrar la vivienda del sicario y legalizar la captura, que se dio en un bus casi una hora después del crimen.

En fin, queda mucha tela por cortar, pero un buen inicio es reformar la justicia para que no tenga excusas y haga lo que le toca.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 31 de agosto de 2010

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Firmeza para Medellín

Saúl Hernández — Tue, 31 Aug 2010 04:22:05 +0000

Mucha gente pontifica acerca de lo que debe hacerse en Medellín para controlar el levantamiento de las pandillas en las comunas más pobres y, como era de esperarse, hay quienes tratan de justificar el asunto con el tema de las carencias económicas –el mismo argumento que se esgrime para justificar la violencia guerrillera–, concluyendo que mientras no se solucione la pobreza y la desigualdad social, y se les ofrezca a estas personas una vida realmente digna, no habrá paz.

El problema de pandillas violentas que controlan el negocio del microtráfico de drogas no es exclusivo de Medellín ni de Colombia. El mismo existe en las favelas de Río de Janeiro y en toda Centroamérica, con el protagonismo de las ‘maras’, cuya influencia llega hasta los Estados Unidos. Igualmente, la oleada de violencia en México está directamente relacionada con el tráfico de narcóticos, y en Caracas, que se disputa con Ciudad Juárez el deshonroso título de ser la ciudad más violenta del mundo, son las pandillas de la droga las que mandan en los barrios.

En el primer mundo también se dan casos de esta violencia que da cuenta de una segregación económica y social. Hace unos años sucedió en Clichy-sous-Bois, una ciudad de los suburbios de París, donde se amotinó, según Sarkozy, la chusma, la escoria, la canalla que incendió cientos de carros y destruyó decenas de almacenes en muchas ciudades francesas. En ese entonces decíamos que “las razones de descontento de los revoltosos de París son las mismas de los muchachos pobres de Medellín: no tienen acceso a educación de calidad, les niegan trabajo al conocer su origen, no hay maneras de redimir su pobreza en el corto plazo, se ven humillados por las diferencias de clase y no hay certidumbre que los haga sentirse ciudadanos”. Y nos preguntábamos: ¿por qué (los nuestros) no vienen de los barrios marginados a quemar carros y saquear comercios, qué los detiene? (El Tiempo, 16/11/2005).

Claro que no en todas partes se esgrime el problema de la pobreza como la causa de la violencia. El sacerdote Alejandro Moreno, director del Centro de Investigaciones Populares de Caracas (CIP), señala que ni la pobreza ni las condiciones de vida de los sectores populares explican la violencia delincuencial y que esa es “una creencia anclada en gran parte de la opinión pública que debe ser desmitificada”. Para Moreno, las circunstancias fundamentales que explican los niveles de violencia del país vecino son “la abundancia de armas en la calle y la facilidad para adquirirlas, y la debilidad del Estado para ejercer el control y el orden de las cosas”. Y concluye: “esta situación va a crecer si no cambian las circunstancias en las cuales nos encontramos. No me refiero a la pobreza, sino a la presencia de armas en la calle, a la disolución y al debilitamiento de las instituciones del Estado, al abandono de las comunidades a sí mismas, al sometimiento de las comunidades a la acción de cualquier forma de violencia” (El País, 18/04/2010).

Tanto en Rio de Janeiro, como en Centroamérica, Caracas y Medellín, las pandillas ya dieron un paso adelante en su actividad criminal al ejercer control territorial e incursionar en el ámbito de la extorsión generalizada, haciendo insoportable la vida de las comunidades. Es decir, en primera instancia, hay apropiación violenta de territorios con el fin de monopolizar la venta de drogas, cuyas utilidades no son nada despreciables. Y, luego, no contentos con las ganancias del microtráfico, estas bandas extorsionan negocios legales en su área de dominio, llegando al extremo de cobrarles ‘contribución’ a los mismos habitantes. Coerción que puede ser más lucrativa que el monopolio de narcóticos.

Medellín aún está muy lejos de sus máximos históricos de violencia. En 1991, con una población muy inferior a la actual, hubo 6.658 homicidios, mientras que el año anterior fueron 2.186 (datos oficiales del Instituto de Medicina Legal). No obstante, es evidente el deterioro del clima urbano de convivencia, por lo que se vislumbra que podríamos estar al borde de repetir la historia de hace 20 años, cuando pasamos de pugnas entre narcotraficantes –los cobros de cuentas– a una violencia generalizada.

Por eso, el Estado debe anticiparse para ganar esta carrera haciendo presencia con las fuerzas del orden, dándole capacitación y ocupando a estos muchachos y sus familias, y judicializando a los delincuentes irredimibles. No se puede seguir alimentando la impunidad con la evasiva de que toda esta violencia proviene de alguna injusticia. Esa es una disculpa de gente interesada en pescar en río revuelto.

Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de agosto de 2010

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René Guarín, de guerrillero a acusador

Saúl Hernández — Mon, 23 Aug 2010 22:40:06 +0000

Hace poco asistimos los colombianos al deshonroso juicio en el que se condenó sin pruebas al coronel Alfonso Plazas Vega por los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia. Y no solo sin pruebas; es que lo que ocurrió allí fue una vergonzosa pantomima en la que entre una fiscal, Ángela María Buitrago, y una juez, María Stella Jara, se inventaron testigos fantasmas y pruebas falsas para condenar al militar. Al respecto hemos dicho que esto es una reivindicación de la izquierda en contra de quien les propinó una derrota significativa y se convirtió en símbolo del triunfo del Estado. De hecho, a Plazas le aplicaron un curioso tipo penal bajo el supuesto de que la retoma estaba a su cargo: la autoría mediata. Es decir, cualquier acción u omisión de un uniformado en los hechos del Palacio, habría sido responsabilidad de Plazas.

Aparte de que el proceso es abundante en irregularidades, lo que acaba de conocerse es prueba fehaciente de la mala fe de los que acusan al Coronel. Resulta que la periodista Claudia Morales, de RCN Radio, descubrió que René Guarín Cortés, el más conspicuo representante de los familiares de los supuestos desaparecidos, es un ex guerrillero amnistiado del M-19, el mismo grupo terrorista que se tomó el Palacio de Justicia a sangre y fuego.

Guarín es quien más ha presionado a la justicia para que castigue a Plazas Vega y a otros militares; es quien ha exigido más enérgicamente que se le aumente la pena impuesta de 30 años de prisión; y quien más ha insistido en que se le confine en una cárcel común, donde la vida del Coronel correría peligro, y no en una guarnición militar que es lo que contempla la ley para estos casos.

Y vaya que Guarín Cortés no es un ex guerrillero cualquiera. En 1988 participó en el secuestro del publicista Jorge Valencia Ángel, hecho por el que fue capturado y pagó varios meses de cárcel. Luego, en 1989, fue amnistiado con el resto de delincuentes de ese grupo terrorista, pasando por alto toda clase de crímenes de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos, y sin la más mínima dosis de verdad, justicia y reparación. Todo quedó en tinieblas, nadie sabe en cuántos secuestros, asesinatos, extorsiones y demás participó este sujeto.

En una entrevista que concedió a la W Radio, René Guarín admitió su pertenencia al M-19, pero justificó su alzamiento en armas contra el Estado con un argumento muy curioso. Dijo que lo hizo por el dolor que lo embargó a él y a toda su familia por la desaparición de su hermana Cristina en la toma del Palacio. Es decir, este delincuente decidió vengarse del Estado y no de los victimarios, adhiriéndose a los asesinos, como si la toma la hubiera ejecutado el Ejército –teoría de la ‘ratonera’– y no el M-19. Sin embargo, hay un detalle que no se puede pasar por alto: Cristina Guarín era abogada y llevaba apenas dos semanas trabajando en la cafetería, como cajera.

¿Puede alguien creer que una abogada estuviera, por casualidad, trabajando como cajera de una cafetería en un edificio que estaba a punto de ser tomado por la guerrilla, y que su hermano terminara enrolado en la misma banda criminal? Esas son muchas coincidencias. Atando cabos, es preciso preguntarse si no era que la abogada Guarín pertenecía al ‘M’ y estaba en Palacio haciendo inteligencia para la toma y si su hermano René, que en ese entonces estudiaba quinto semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional, no hacía parte ya del grupo subversivo.

Fuere de una u otra forma, hay que hacer hincapié en que desde un principio el Tribunal Especial de Instrucción que se creó para investigar los hechos del Palacio, determinó que el número de cadáveres no identificados correspondía con toda exactitud con el de los llamados ‘desaparecidos’ y que los trabajadores de la cafetería fueron llevados desde el inicio de la toma al cuarto piso, donde perecieron. En cambio, quienes dicen reconocer en borrosos videos a supuestos desaparecidos saliendo vivos del Palacio, son personas de un sesgo ideológico perverso como el secuestrador René Guarín, por lo que sus testimonios no deberían tener validez.

Sobre este hecho quedan muchas preguntas pendientes: ¿Tiene el secuestrador Guarín autoridad moral para juzgar a un inocente? ¿Se puede seguir considerando a Guarín y sus compinches como defensores de los derechos humanos? ¿Por qué la mayoría de medios de comunicación no han hecho eco de esta noticia?

Publicado en el periódico El Mundo, el 23 de agosto de 2010

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Un salvavidas para las Farc

Saúl Hernández — Tue, 17 Aug 2010 22:10:56 +0000

Las Farc suelen despedir al presidente saliente y saludar al entrante con ‘salvas de artillería’; es decir, bombas, atentados, secuestros, emboscadas. Igualmente, suelen plantear propuestas de diálogo para hacer caer al Estado y la sociedad en ese marasmo del apaciguamiento. Es una estrategia que a ellos los fortalece mientras que a nosotros nos hace débiles y temerosos; las bombas portan un mensaje extorsivo: si no ‘conversamos’ –un parloteo inane como el del Caguán– habrá más terrorismo.

En lo que va corrido del mes, entre otros hechos, fue desactivado un carro bomba en Neiva, se capturaron seis ‘campesinos’ con 180 kilos de anfo, hubo dos atentados con granada en Arauca, se decomisaron cien barras de pentolita en la vía Ibagué-Armenia, hubo combates con las Farc en el Cauca, un cilindro bomba paralizó la vía Neiva-Bogotá, se frustró un acto terrorista en Villavicencio, estalló un petardo en Sandoná, fue descubierta una casa bomba en Caquetá y estalló un explosivo en Vegalarga (Huila).

Pero, a pesar de todo este acervo probatorio, atribuible a las Farc casi en su totalidad, la izquierda aduce que el carro bomba de Caracol Radio proviene de la extrema derecha y no de las Farc. Si bien el Gobierno ha dado buen ejemplo al decir que no se debe descartar ninguna hipótesis, para admitir la teoría de que esta bomba tenía el propósito de torpedear una incierta negociación con la guerrilla y sabotear el relanzamiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, es preciso desconocer que este grupo terrorista nunca ha tenido tacto para ejecutar sus acciones y que suele negar su autoría.

La izquierda ‘democrática’ tampoco es muy consecuente. Por ejemplo, Piedad Córdoba afirma que este hecho está relacionado con las amenazas de muerte a Iván Cepeda. En septiembre del 2008, Piedad aseguró que las Farc no eran autoras del carro bomba en el Palacio de Justicia de Cali, del que culpó a la Policía: “Cuando un general no quiere que lo cambien, él mismo pone las bombas donde quiere que lo dejen”. Asimismo, el 2 de febrero del 2009, en el marco de liberaciones “humanitarias”, Piedad hizo una declaración insólita: “Rechazamos cualquier acto terrorista viniere de donde viniere y por eso estamos totalmente en contra de la bomba que destruyó la sede del Partido Comunista en Cali, porque esos no pueden ser actos que se conviertan en el común denominador de este país, o para callar o para asustar o para imponer el régimen del terror”.

[ver video]

www.youtube.com/watch?v=QqSeMNoWQ4E

¿Por qué Piedad cometió ese extraño lapsus línguae si la bomba de ese día no fue en la sede del PC, sino en los archivos de la Policía de esa ciudad? Por cierto que Piedad y sus adláteres nunca condenan la barbarie de la guerrilla, como tampoco se han pronunciado sobre el asesinato del sindicalista Germán Restrepo, uribista y defensor del TLC, que ella tanto ha entorpecido.

No es nuevo, pues, que los valedores de las Farc traten de limpiar sus actos y comprometer al Estado en la comisión de los mismos. Si la Policía retiró la vigilancia de Caracol “hace tres semanas”, es porque no es posible vigilar todas las esquinas todo el tiempo. Si esa vigilancia se hubiese mantenido, habrían situado la bomba en otra parte y el efecto sería el mismo. Incluso, las pesquisas de la ‘unidad investigativa’ de Daniel Coronell dejan entrever que no hay ningún militar relacionado con el carro que fue cargado con los explosivos, como informaron las primeras versiones de prensa.

¿Un montaje? ¿Con qué fin? La clave puede estar en estas palabras de Carlos Lozano: “Me parece que el Gobierno debe reflexionar en este momento, ante un atentado de estos, para darnos la razón a quienes luchamos por la paz: que la única salida posible para erradicar estos actos es la salida política negociada”. Queda claro: le quieren tirar un salvavidas a las Farc a como dé lugar, hasta con participación activa de Castro.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 17 de agosto de 2010

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Una victoria pírrica

Saúl Hernández — Mon, 16 Aug 2010 20:25:47 +0000

No quiero pecar de aguafiestas pero no comparto el optimismo de la mayoría de analistas sobre los resultados de la cumbre entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez en Santa Marta. Más bien, todo esto me parece un ‘déjà vu’ de una comedia que se ha repetido varias veces con distintos actores en el papel de Presidente de Colombia (Pastrana, Uribe y Santos) pero el mismo en el papel de Presidente de Venezuela.

Chávez vino, vio, venció y nos metió los dedos en la boca. Trató de apabullarnos con su parafernalia de nuevo rico a pesar de que su país se derrumba. Trajo centenares de emisarios de avanzada y de miembros de su equipo de seguridad, lujosos vehículos blindados para hacer un recorrido de unos pocos kilómetros, y aviones individuales para el canciller Maduro, para Néstor Kirchner y para él mismo. Una ostentación propia de gobiernos de países ricos, no de uno que no tiene con qué pagarnos los 800 millones de dólares que nos adeuda, y con la que nos ha querido deslumbrar en otras ocasiones, como en los shows que montó para la liberación de secuestrados con más aviones y más helicópteros de los necesarios.

Su traslado desde el aeropuerto hasta la Quinta de San Pedro Alejandrino se tardó más de lo normal por detenerse en tres barrios pobres a saludar gente que, incluso, le tenían pancartas de bienvenida. Ninguna casualidad, un acto propagandístico fríamente calculado y minuciosamente preparado con participación de personas afectas al chavismo. Chávez, que de lejos es el personaje más aborrecido en Colombia, tuvo la grosería de decirle a Santos, en su cara, que él no usaría ese supuesto respeto del pueblo para hacer aquí su revolución. Y, para colmo, trajo de chaperona al presidente de Unasur, a pesar de que Santos le había pedido un diálogo de frente y sin intermediarios.

www.youtube.com/watch?v=b-u-PUgHZRI

Pero vamos a lo sustantivo: ¿Por qué Hugo Chávez pasó de insultar a Santos a estrecharle la mano? En una sola de sus alocuciones (que se encuentra en Youtube), Chávez se refiere a Santos con epítetos como “el señor de la guerra” y “el pitiyanqui número uno”, y lo califica de “amenaza para medio continente” por ser quien “negoció las bases con los EE.UU”. Luego se burla de las intenciones de Santos de ir a Venezuela a restablecer relaciones desde su primer día de gobierno advirtiendo que “si el pueblo colombiano, desgraciadamente, eligiera a Santos, (…) vendrá a hablar no sé con quién pero yo no lo voy a recibir aquí”. Y remata con expresiones gruesas como “Ese caballero es en verdad un mafioso”, “(un presidente) decente podría ser cualquier candidato menos el señor Santos” y “Si santos es presidente, con más razón tenemos que cerrar el comercio con Colombia totalmente”.

www.youtube.com/watch?v=4boIA-3h4ig

Pues bien, todo eso demuestra que si Chávez cambió de parecer es porque tenía mucho que ganar con el restablecimiento de relaciones entre ambos países. Ello le permite, entre otras cosas, 1) acallar las denuncias y las pruebas presentadas por el gobierno de Uribe que demuestran su apoyo a grupos terroristas; 2) exhibir una actitud conciliadora que mejore su imagen interna con miras a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre; y 3) solucionar el problema de importación de alimentos, recurriendo a un proveedor inmediato y barato con el que Pdval –o ‘pudreval’– supere sus graves pérdidas económicas y el problema de alimentos descompuestos.

En contraste, tal vez los únicos beneficiados en Colombia, por este arreglo, sean los habitantes de frontera, pero pagando el altísimo costo de tolerar a un vecino que auspicia a nuestros enemigos. De hecho, no deja de ser paradójico que mientras el Washington Post (13/08/2010) recomienda al gobierno de Obama no tener embajador en Caracas si para ello hay que ignorar el apoyo de Chávez a la guerrilla colombiana, Juan Manuel Santos se apresta a ‘pasar la página’ tragándose semejante sapo, a sabiendas de que será cuestión de tiempo para que las relaciones con Chávez se vuelvan a deteriorar y de que no logrará, de su parte, cooperación en el combate de las guerrillas. Y hay quienes ven en esto una victoria de nuestra diplomacia y de la impronta de Juan Manuel, cuyo empeño es plausible. Sí, una victoria, pero pírrica.

Publicado en el periódico El Mundo, el 16 de agosto de 2010

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¡Ojo, Presidente Santos!

Saúl Hernández — Mon, 09 Aug 2010 23:20:19 +0000

Sería un craso error que el gobierno de Juan Manuel Santos le coma carreta al criminal narcoterrorista ‘Alfonso Cano’, quien de nuevo viene con sus cantos de sirena a fingir que está dispuesto a participar en diálogos de paz. Es grave y lamentable el culiprontismo de prominentes miembros del gobierno, como Germán Vargas Lleras y Angelino Garzón, que una vez que escucharon la súplica de ‘Cano’ –“¡hombre, conversemos!”–, y sin oír aun el pistoletazo de largada de la nueva administración, comenzaron a pintar escenarios de diálogo con las Farc.

Eso sería comprensible si viniera de los caguaneros y mamertos de siempre, y le da cierta razón a quienes criticaron en campaña el nombramiento de Angelino como fórmula vicepresidencial, reprochando su apoyo al despeje de Florida y Pradera cuando era gobernador del Valle, pero no viniendo de un gobierno que fue elegido para preservar el legado de Álvaro Uribe. Que el alto gobierno ande pensando, de entrada, en supuestos acuerdos con las guerrillas recuerda la ingenuidad de Andrés Pastrana y el descrédito con el que terminó su gestión.

Teóricamente hablando, es cierto que el combate a la subversión debe llevarla a un punto de agotamiento en el que los narcoterroristas decidan cesar la confrontación bien sea mediante acuerdos de paz o por capitulación, pero eso no pasa de ser una hipótesis a la que debe anteponerse un análisis frio y cerebral del proceder de las Farc y del subtexto del mensaje de ‘Cano’. Dicho en otras palabras, si el gobierno le va a creer a ‘Cano’ solo por devolver a los secuestrados y tomarse un descanso que parezca ‘cesar la violencia’ –lo que piden Vargas Lleras y Angelino–, la presidencia de Santos podría terminar siendo una frustración tan grande como la de Pastrana y terminaríamos perdiendo lo que se ha avanzado en ocho años de Seguridad Democrática, que es el único camino que ha mostrado resultados palpables.

No soslayemos que las Farc han demostrado tener una extraordinaria capacidad para sobrevivir y reinventarse, y que el balance de esos años de diálogos en el Caguán no solo es pobre, pues no se avanzó nada, sino verdaderamente espantoso. Fue un periodo de cháchara huera que sirvió para engordar a los comandantes guerrilleros y fortalecer su aparato criminal mientras se adormecía al Estado y la Sociedad Civil con el cuento de que se estaba construyendo la paz. Y espantoso porque significó una patente de corso para secuestrar, asesinar, violar, extorsionar, bombardear pueblos y mil cosas más con la aquiescencia del Estado; básicamente, del Jefe del Estado. El mal que se le hizo a Colombia con la desmilitarización de esos 42.000 kilómetros cuadrados aún no se ha terminado de cuantificar.

Y sabemos que el cinismo de las Farc es enorme, que su palabra no vale nada, que no saben honrar ningún compromiso. Las Farc entienden que están diezmadas y que les ha llegado la hora de jugarse una carta muy poderosa que consiste en obnubilar al país aceptando las exigencias del nuevo gobierno para confundir incautos y ganar tiempo para recuperarse.

Las Farc nunca han tenido intención de dejar las armas porque eso sería renunciar a sus convicciones, cosa a la que no están dispuestos como lo expresa ‘Cano’ en su alocución, porque todavía no cejan en su chiflado empeño de ser el poder, de hacer la revolución, de arrebatarle el país a la ‘oligarquía’. Además de eso, a las Farc no les sirve otro modelo económico que el socialista, cosa que pocos colombianos están dispuestos a transigir.

Como si fuera poco, hay otra realidad que les impide a las Farc ceder a un acuerdo de paz razonable y es la de que no puede haber acuerdos sin castigo. Ya no estamos en los tiempos de los indultos y las amnistías. El país no admitiría a estos criminales fungiendo de ministros y senadores sin un mínimo de cárcel por sus atrocidades. Tampoco lo admitiría la justicia internacional, aún con el sesgo que parece tener la CPI.

Todo esto apunta a que no hay condiciones reales para un proceso de paz serio, que no se convierta en un ardid para mamar gallo estos cuatro años. La guerrilla está muy debilitada pero, gracias al apoyo internacional y a la financiación del narcotráfico, aún no tanto como para que sus cabecillas acepten la rendición digna de un asilo político en Suecia. Por eso, ¡ojo Presidente!, no comamos carreta.

Publicado en el periódico El Mundo, el 9 de agosto de 2010

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La sombra de Álvaro Uribe

Saúl Hernández — Tue, 03 Aug 2010 22:34:31 +0000

Ha dicho Francisco Santos, parafraseando a Churchill, que “nunca tantos le habían debido tanto a uno solo”. Así lo reconoce el 80 por ciento de los colombianos. Por eso, nunca un presidente de Colombia, que las generaciones presentes recuerden, había sido despedido con tantos homenajes y tan honda gratitud.

No importa que un puñado de insensatos le auguren extradición, presidio y tormento, ni que sea intelectualmente incorrecto apreciar su obra y un supuesto signo de inteligencia el demeritarla. El hecho es que la mayoría silenciosa reconoce los logros de estos ocho años de gobierno sin eludir las falencias ni ignorar los desaciertos porque la gran masa de colombianos, ajenos a ese activismo político que obnubila los sentidos, advierte con sosiego el contraste entre el país de antes, del que todos querían irse, y el de ahora, que ya no avergüenza y hasta empieza a despertar fundado orgullo. En síntesis, los colombianos reconocemos que Álvaro Uribe nos devolvió la esperanza y el país.

Los detractores se siguen preguntando, indignados, qué le ve el pueblo a Uribe, cuál es la ‘magia’. Entre otras cosas, una dedicación absoluta, una cercanía íntima con los gobernados y una determinación rotunda de cumplir los objetivos propuestos. De su descomunal capacidad de trabajar hemos sido testigos todos; un ímpetu, una intensidad que a ratos abruma. Fernando Londoño dice que “para el trabajo, parece nacido de la raza de los titanes”, y no se equivoca en su conclusión: “Otro como él no volverá”.

Su contacto con la gente y el combate contra la violencia están estrechamente ligados. Antes de Uribe, el Presidente de Colombia era un señor que nunca salía de Bogotá, y más concretamente de los cocteles que organizan esos que tanto denigran de él. Y no salían de la capital porque, a pesar de sus esquemas de protección, en ninguna parte estaban seguros tras décadas de entrega de la soberanía a narcos, paracos y guerrilleros, o a cualquiera que tuviera con qué pagar un buen sicario. Décadas de no cumplir la ley, décadas de no cumplir con su trabajo.

Y el resto de autoridades se contagiaban de esa abulia. Era más fácil recurrir a los parapoderes para resolver un problema, que tener acceso a un gobernador, un alcalde o un concejal. Y ni soñar con un juez, un comandante del Ejército o la Policía o un parlamentario. Los gobernantes eran autistas y los criminales los remplazaron: la gente se cansó de la resignación y el conformismo de sus dirigentes. “No se puede hacer nada” era la doctrina de nuestros mandatarios.

En otras épocas, con otros líderes, las cosas cambiaban para que siguieran igual, pero otra de las virtudes de Uribe es que prefiere reformar que maquillar. Y si bien no ejecutó todas las reformas necesarias, tuvo compromiso y decisión para muchas transformaciones. Pero lo de Uribe no es una estrategia calculada y postiza. Su abnegación, su amor desmedido por Colombia, su entrega, son cualidades innatas y actitudes auténticas.

Todavía hay quienes creen que Uribe llegó al poder sólo por su oposición a las Farc. Eso es conocerlo poco o pretender negar sus capacidades. El que repase su biografía verá que toda su carrera política y sus realizaciones lo llevaron de manera indefectible hasta la primera magistratura, donde la semilla cayó en tierra buena.

Parafraseando a Newton, Juan Manuel Santos manifestó que “estamos parados sobre los hombros de un gigante”. El rumbo está demarcado y será responsabilidad de todos los colombianos cosechar los frutos.

Señor presidente Uribe: usted aceptó y cumplió ese duro encargo que recibió hace ocho años, de salvar la patria. En consecuencia, recurro a la tradición de nuestros ancestros antioqueños para decirle, simplemente, que Dios se lo pague, y anticipándome al juicio de la Historia hago propias las palabras que Domingo Choquehuanca le dirigiera al Libertador Bolívar a orillas del lago Titicaca: “Con el tiempo, tu gloria crecerá como la sombra cuando el sol declina”.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 3 de agosto de 2010

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La telenovela del tercer canal

Saúl Hernández — Mon, 02 Aug 2010 23:37:03 +0000

SI hubiera sido posible imaginar algo más grotesco en la televisión colombiana que las series de prostitutas y mafiosos que la han plagado en los últimos años, y que han sido rechazadas abiertamente en países como Ecuador y Panamá, ello no hubiera superado el espectáculo inmoral, antiético y mercantilista –por decir poco– del cubrimiento noticioso que los canales privados vienen realizando acerca de la adjudicación del tercer canal.

Para cualquier televidente sensato la noticia sobre la adjudicación de un canal de televisión no tiene más importancia que informar sobre hechos de corrupción, desastres invernales o sucesos criminales. Incluso, no tiene más importancia que la sosa tanda de goles dominicales o la deleznable sección de ‘entretenimiento’, en la que les meten a los televidentes, a cualquier hora del día y con el fin único de subir el rating y vender más pauta, las más escabrosas frivolidades.

Pero lo del tercer canal no tiene parangón. La cantidad de minutos dedicados diariamente al tema –a mañana, tarde y noche–, el número de analistas consultados, la afectación que ponen los presentadores en esas notas, entre otros detalles, hacen pensar al espectador desprevenido que el futuro de la patria se está jugando en esa licitación. ¿Se trata, en realidad, de algo tan importante?

Si los dueños de esos canales tuvieran algo de decencia –no digamos los periodistas, que están cuidando la cuchara–, tendrían el tacto de informarle a su teleaudiencia, cada vez que van a desplegar sus ataques contra la adjudicación del tercer canal, que ellos son los directos perjudicados con la misma, ya que entre ambos se reparten el delicioso pastel de la pauta publicitaria (916.000 millones en 2009), y que de llegar un tercer competidor nacional tendrían que compartir la torta con él, lo que, en términos aritméticos, implicaría una pérdida del 17 por ciento de ingresos para cada uno (155.000 millones), que bien puede ser mayor o menor.

Los canales privados también deberían explicarles a los televidentes, que ellos suscribieron un contrato de exclusividad con el Estado que los convirtió en un duopolio por espacio de diez años, pero que este se venció hace casi dos y que cada día que se demore la inefable Comisión Nacional de Televisión en adjudicar el tercer canal significa más dinero para los grupos propietarios de los canales privados, ganado en condiciones ventajosas y, probablemente, ilegítimas, lo cual influye, además, en la baja calidad de televisión que se le está ofreciendo a los televidentes colombianos.

Ahora se ha llegado a una especie de callejón sin salida en el que el Grupo Planeta se ha quedado como único oferente de la licitación. El Consejo de Estado dictaminó que el proceso no podía continuar si no había pluralidad de oferentes, y la Procuraduría aconsejó a los comisionados tener prudencia y suspender la adjudicación.

Se le ha hecho creer a la opinión que adjudicar el tercer canal en estas condiciones es un acto de inmoralidad administrativa y una muestra del ‘todo vale’ que supuestamente caracteriza a la administración saliente. Pero se omite recordarle a la opinión que dos de los oferentes, Prisa de España y Cisneros de Venezuela, se retiraron en un gesto de juego sucio al no tener mayores probabilidades de ganar la licitación. Un sabotaje con el que pretendían modular la fecha de adjudicación para cuando ellos estén en condiciones de ganar y por el que deberían ser escarmentados, culminando el proceso. Por cierto que licitaciones de un solo oferente no son anómalas, el Estado debe y suele adjudicarlas.

Así como cuando se rumora de la candidata más bonita –para sacarla de la baraja– que le tienen comprada la corona, desde los inicios de este proceso se fraguó un guión de telenovela según el cual el gobierno de Álvaro Uribe quería adjudicar el canal a dedo en cabeza de la Casa Editorial El Tiempo (hoy Planeta) para pagarle favores recibidos. No, a los interesados –léase Valórem (antes Grupo Santo Domingo) y Organización Ardila Lülle– no les preocupa la transparencia del proceso sino el detrimento económico que van a sufrir al dividir entre tres ese par de tetas que les han significado un verdadero paraíso por más de diez años. Lástima que el televidente no pueda decir lo mismo.

(El autor es columnista habitual del periódico El Tiempo).

Publicado en el periódico El Mundo, el 2 de agosto de 2010

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El problema es Chávez

Saúl Hernández — Mon, 26 Jul 2010 21:56:33 +0000

Hay una realidad repetida hasta el cansancio: con el señor Hugo Chávez, Presidente de Venezuela, no hay ninguna posibilidad de acercamiento y reconciliación porque lo suyo es un proyecto revolucionario de corte expansionista que tiene a Colombia como uno de sus principales objetivos, si no el principal. El Teniente Coronel lo viene advirtiendo desde hace años: “Colombia y Venezuela somos una sola república (…), somos la Patria Grande de Bolívar”. Y todo lo que Chávez ha advertido lo ha venido cumpliendo con una paciencia asombrosa: el cambio de la constitución venezolana, su atornillamiento en el poder, el encarcelamiento de sus opositores, las expropiaciones, el cierre de medios de comunicación, la usurpación de todos los poderes del Estado, etc. De ahí que quienes no crean en sus amenazas, o no les den importancia, ha de ser porque están interesados en que la ideología liberticida que Chávez representa, se instale aquí.

Si bien existe una gran preocupación por la decisión de Chávez de cortar relaciones con Colombia, habría que preguntarse si es posible dar por terminada una relación que no existía. En lo político, los gobiernos y las tendencias dominantes de ambos países son como el agua y el aceite: el triunfo de Santos es la ratificación, por parte de más de tres cuartas partes de los colombianos, de que no queremos aventuras socialistas, comunistas, marxistas, progresistas, o como se las quiera llamar. El Polo Democrático, único partido de izquierda en Colombia, cercano a Chávez y a las Farc, obtuvo una pobre votación. La senadora Piedad Córdoba, también cercana a Chávez y a las Farc, es, de lejos, la persona más repudiada por los colombianos, solo superada recientemente por Íngrid Betancur, por lo menos en los chistes que se difunden por internet.

En lo económico, Venezuela adeuda más de 700 millones de dólares a empresas colombianas por concepto de importaciones, de manera que no tiene sentido venderle a un país que no paga sus deudas y que, además, nos somete a expropiaciones arbitrarias, como ha sucedido en los casos de Argos, el Éxito (aunque no sea ya de capital nacional) y otros emprendimientos realizados por colombianos en su territorio.

El problema con Hugo Chávez, no se soluciona ‘arrodillándonos’ como lo sugieren algunos despistados, más preocupados por recuperar el intercambio comercial. Los cinco mil millones de dólares que se están dejando de ganar son una buena carnada pero, como tal, sería un precio pírrico en tanto le sirva al marxismo castro-chavista para apuntalarse en Suramérica y, particularmente, en Colombia. Por fortuna, ya sustituimos el mercado venezolano en más del 80 por ciento mientras para Chávez los problemas que ello le ha causado se agrandan cada vez más. Como si fuera una alegoría de la descomposición del régimen venezolano, los vecinos de Puerto Cabello han soportado durante varias semanas el pavoroso olor a podrido que despiden más de 100.000 toneladas de alimentos en descomposición que se acumularon en los muelles. Un problema que no se presentaría si le compraran esas viandas a Colombia. De hecho, Pdval (filial de Pdvsa que importa y distribuye alimentos) ha perdido 6.000 millones de dólares desde que fue creada en 2008.

Muchos se preguntan, en el entendido de que la presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela, con la aquiescencia del gobierno de ese país, era un hecho inocultable que se conocía de tiempo atrás, ¿por qué el Presidente Uribe trajo a colación el tema justo cuando está a punto de dejar el poder, interponiéndose en supuestos avances del nuevo gobierno de Santos?

La verdad es que Santos no estaba logrando ningún avance con Chávez, quien es muy astuto para endulzar el oído –lo ha hecho varias veces con Uribe– mientras le mantiene su apoyo a las Farc. No se olvide que el mismo Chávez llamó ‘mafioso’ a Juan Manuel durante la campaña y advirtió que de ganar, habría guerra. A menos que le entregue el país, ningún gobernante de Colombia lograría tener buenas relaciones con el dictador vecino, y tendría que empezar por renunciar a la colaboración de los gringos y a las tales bases militares.

Seamos sensatos, Colombia no debe tener relaciones con quien apoye a las guerrillas. Eso es antiético, inmoral y hasta ilegítimo. El Estado no está para contemporizar con criminales ni con sus contrafuertes o auxiliadores, a menos, como lo indica el pragmatismo político, de que se tratara de un mal menor frente a otro que tuviera en riesgo la supervivencia de la Nación, que es lo que algunos arguyen cobardemente para pedir que nos arrodillemos por unos centavos. Pero ese no es nuestro caso ni somos los cobardes que algunos quisieran.

Publicado en el periódico El Mundo, el 26 de julio de 2010

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¿Reparación o pillaje?

Saúl Hernández — Tue, 20 Jul 2010 22:41:48 +0000

Arribamos al Bicentenario inmersos en las mezquindades de apátridas como Íngrid Betancur (así, en antioqueño, como aparece en su cédula) y la confusión de quienes creen ese cuento de que Uribe se tiró en los acercamientos de Santos con nuestro mayor enemigo, como si se tratara de un malentendido entre vecinos y no de una asechanza aviesa que busca enterrar nuestra democracia junto a los huesitos de Bolívar.

Pero volvamos con el tema de las sumas “simbólicas” tras las que hay otros ex secuestrados. Consuelo González de Perdomo pretende una reparación por 800 millones; Orlando Beltrán, por 1.200; Jorge Eduardo Géchem, por 7.380; y Gloria Polanco, por sólo 12.530 milloncitos. Y toca preguntarse si es justo indemnizar a unos personajes que han vivido divinamente a expensas nuestras, a cuyas familias se les pagaron cumplidamente sus jugosas dietas parlamentarias durante el cautiverio y por quienes el Estado realizó notorios esfuerzos en busca de su liberación.

Colombia sufre de demanditis aguda y el Estado las pierde todas, porque esta no es más que otra maniobra para esquilmarlo. Ningún país del mundo paga indemnizaciones por los crímenes que sus ciudadanos (o extranjeros) cometen en su suelo, excepto, en algunos casos, por delitos cometidos por agentes del Estado como resultado de fallas en actos del servicio. Para el resto existe la justicia y la doctrina de que la responsabilidad penal es individual.

Mientras Íngrid es la menos indicada para demandar al Estado por su proceder irresponsable, que la llevó a entregarse a sus captores, hay casos, como el de los diputados de la Asamblea del Valle, en los que le cabe al Estado una inmensa responsabilidad por el desamparo de una corporación de esa importancia, custodiada por solo dos policías. Similar reflexión podría cobijar el caso de Géchem, en el entendido de que la seguridad en los aeropuertos debe ser extrema.

En cambio, en los otros tres casos las circunstancias de tiempo, modo y lugar demuestran que estos secuestros fueron otro de los resultados perversos de la decisión de despejarles a las Farc la zona del Caguán. Gloria Polanco fue secuestrada en su residencia, en Neiva, el 26 de julio de 2001, por 100 hombres de la Teófilo Forero vestidos con uniformes del Gaula. Un mes después, Orlando Beltrán fue raptado en una finca de Gigante (Huila); y 12 días más tarde, Consuelo González, en la vía Pitalito-Neiva.

Más que al Estado, es al gobierno de Pastrana al que le compete una gran responsabilidad. Al área desmilitarizada fueron llevados decenas de secuestrados sin que Pastrana hiciera nada por impedirlo. Sólo actuó tras el secuestro de Géchem, el 20 de febrero de 2002, cuando la zona ya era insostenible. Por eso, ahí es donde debe darse el debate, en el sistemático incumplimiento de la ley por parte de muchos gobiernos que, al estilo de los emperadores romanos, alimentaron leones con carne humana.

La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por el homicidio de Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994, dos días después del traspaso de gobierno de Gaviria a Samper. A ellos les correspondía combatir a las guerrillas y a su hijo bastardo, el paramilitarismo. También, evitar el exterminio de la UP y, a la vez, enviar a la cárcel a sus miembros por complicidad con las Farc. ¿Lo hicieron? ¿Acaso lo intentaron?

Claro, eran épocas en las que se solían justificar los crímenes ‘altruistas’; “matar para que otros vivan mejor”, como diría Carlos Gaviria. Si ahora todos exigen compensaciones es porque la doctrina de Seguridad Democrática caló hondo: el Estado tiene la obligación de protegernos a todos. Sin embargo, no se puede permitir que haga carrera la idea de que ser víctima de la violencia es como sacarse la lotería, mucho menos si se trata de la clase política parasitaria, a la que le cabe una dosis de responsabilidad en el estado de cosas. Esta felonía tiene visos de pillaje.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 20 de julio de 2010