Cada vez estoy más convencido de que un nuevo periodo consecutivo del presidente Uribe es inconveniente tanto para el país como para él mismo, pero no por las razones débilmente expuestas por la oposición, en torno de un supuesto deterioro de la democracia y de una hipotética desinstitucionalización del país, sino por la intransigencia de una minoría que quiere instalar su propia dictadura poniéndonos al borde de la ingobernabilidad.
Es una verdad de Perogrullo que la democracia es el gobierno de las mayorías, y que si bien las minorías no deben arrinconarse o liquidarse, es una quimera pretender que estas impongan su voluntad. Al respecto, el ex senador Amílkar Acosta -en un escrito contra la reelección titulado ‘El estado del malestar’ (febrero de 2009)-, cita un principio irrefutable: “En el sistema democrático, el que ganó no puede destruir al que perdió, ni el que perdió puede hacer invivible la Nación tratando de destruir al que ganó”. El ex senador había usado esa misma frase en un escrito de diciembre del 2000, pero esa vez criticando al entonces presidente Pastrana por no haber aceptado la propuesta de Horacio Serpa de hacer un frente común por la paz. Es que tal enunciado cabe en cualquier discurso porque ese es el quid del asunto.
Ahora se habla de la desinstitucionalización del país aludiendo, a grandes rasgos, al ocaso de los partidos y a la primacía -no ‘dominio’- del poder presidencial sobre las otras ramas. Pero es osado decir que la decadencia de los partidos y de la política sea obra del actual Gobierno cuando podría aseverarse más bien lo contrario, que el ascenso de una figura como Uribe es fruto de las abominables administraciones precedentes y las incalificables costumbres políticas -aún en práctica-.
Igualmente, la hipertrofia de la cabeza del Estado no es un asunto nuevo ni autóctono, sino un problema generalizado, basta ver el vecindario. Pero tiene matices. De un lado, es lógico que el declive de los partidos se refleje en los órganos de representación como el Congreso. No se puede tener un ‘Congreso admirable’ cuando la mayoría de sus miembros no son dignos de admiración.
Del otro lado, no puede decirse alegremente que la Justicia esté menguada o vaya a estarlo por el excesivo poder de Uribe, que apenas nomina tres miembros de la Corte Constitucional. En esto ha habido más ruido que otra cosa, originado en el enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia por el sesgo ideológico de esta, implacable en los casos de la ‘parapolítica’ mientras ignora la ‘farcpolítica’. La Rama Judicial es independiente y el reto de la Justicia colombiana no debería ser otro que combatir el atroz índice del 97 por ciento de impunidad.
En cuanto a la presunta inconstitucionalidad de la reelección, habría que preguntarse si ¿acaso fue constitucional suplantar la Carta de 1886 a través de una ’séptima papeleta’, que no tuvo una votación sobresaliente (menos de dos millones en un censo electoral de 14) y que pretendía darles gusto a grupos armados que pedían una Asamblea Constitucional como mecanismo para concretar una profunda reforma política?
En ese entonces primaron varios conceptos que deben ser igualmente válidos hoy, como que la “séptima papeleta suscitó un verdadero plebiscito que no requiere prueba, pues se trató de un acto masivo y público”; que el país reclamaba “el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del orden jurídico”; que el constituyente primario tiene toda la competencia para ejecutar cambios y que “el no acceder a este clamor del pueblo será, sin ninguna duda, un factor de mayor desestabilización del orden público” (EL TIEMPO, 03-10-1990).
Nada más masivo y público que el apoyo popular de Uribe, nada más evidente que el reclamo de permitir su continuidad… Lo bueno es que ningún uribista se va a enojar si no se logra, ni Uribe se va a comportar como el Santos Banderas de cierto país vecino.
Publicado en el periódico El Tiempo, el 26 de mayo de 2009 (www.eltiempo.com).
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