La protesta social no puede incluir violencia, nexos con grupos al margen de la ley o fines politiqueros.
Hay quienes pretenden hacer ver como una crisis del Gobierno -y del país- la reciente oleada de paros, marchas y protestas. Pero resulta que quienes están protestando son unas minorías que no representan el conjunto social; son minorías que protestan por razones políticas de fondo, disfrazadas de necesidades básicas; son minorías que protestan no tanto para resolver sus aspiraciones y necesidades sino para evitar que este Gobierno, y lo que representa, se reedite en los próximos comicios.
Ahora bien, motivos de protesta tenemos todos, desde el más encopetado hasta el más humilde de los colombianos. Sin embargo, hay que ser sensatos a la hora de discernir si a un Gobierno le cabe por entero la culpa de un reclamo, si la reivindicación es justa o si, por el contrario, vulnera derechos de terceros -incluso aún más sensibles- y, sobre todo, si se trata de una pataleta con tinte ideológico de algunos sectores sociales que se sienten con derecho de imponernos modelos políticos y económicos que las mayorías no deseamos y que han sido probados -y reprobados- en otras latitudes.
Los protagonistas de las protestas recientes tienen mucho en común: en lo político, afinidad con el Polo Democrático y movimientos bolivarianos, rechazo al ‘imperialismo yanqui’ y repudio hacia Uribe; en lo económico, desprecio por la economía de mercado, lucha contra el TLC, y predilección por estatizar o socializar la producción; y en lo filosófico, el sueño revolucionario de la subversión y muchos de sus métodos, entre otras cosas. O sea que, básicamente, comparten el interés de implantar el modelo político y económico que está haciendo estragos en el vecindario.
Basta el ejemplo de Venezuela, donde, tras 10 años de socialismo chavista, el índice de pobreza sigue siendo tan alto como el nuestro, a pesar de nadar en petróleo. También persiste la desigualdad de antes; abundan los vehículos de lujo de los amigos del régimen, que consumen gasolina más barata que el agua, en tanto que escasea la leche en las tiendas. Y el totalitarismo avanza sin tregua: a los opositores como Raúl Baduel y Manuel Rosales no les queda otro destino que la cárcel.
¿Ese es el giro que unas minorías nos quieren imponer a la brava? El marxismo no ha sacado de pobre a nadie y si bien el capitalismo salvaje tampoco es la panacea, la alternativa es un camino de centro, que se construye con propuestas, no con protestas feroces.
Muchos se quejan de que la protesta social en Colombia está criminalizada y niegan que indígenas, sindicatos y estudiantes estén infiltrados por la subversión, pero estos se comportan como milicianos en contra de una ciudadanía que repudia esos comportamientos anárquicos.
La protesta social no puede incluir violencia, nexos con grupos al margen de la ley o fines politiqueros de quienes buscan pescar en río revuelto. Eso caracteriza algunos hechos de las últimas semanas y deslegitima por completo a los agitadores.
Es claro el propósito de magnificar nuestros problemas sociales como si este fuera el único país de la región y del mundo que los sufriera o como si estos no hubieran existido antes del 2002. Se pretende divulgar a los cuatro vientos que todo aquí son horrores y convencernos de que esto sería un paraíso si se gobernara como quieren estas minorías, que comparten ideario y sueños revolucionarios con los subversivos, y como si el trasnochado marxismo tuviera credenciales para mostrar o la moralidad pública distinguiera bandera o ideología.
Y, claro, las propuestas razonables brillan por su ausencia porque de lo que se trata es de perturbar un Gobierno cuya aceptación y fortaleza confunden y preocupan a los opositores; un Gobierno que entraña para ellos el peligro de desaparecer no bajo las balas -como dice el senador Alexánder López-, sino ante la realidad de la democracia. Que es, ni más ni menos, el hecho de que las mayorías son las que escogen el camino.
Publicado en el periódico El Tiempo, el 28 de octubre de 2008 (www.eltiempo.com).
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